Para justificar sus iniciativas autoritarias, el presidente Correa tiene la costumbre de sacarse de debajo de la manga la pena de muerte en los Estados Unidos. La utiliza en el sentido de que cómo va a ser salvaje la sentencia de tres años de cárcel y 40 millones de dólares por una opinión. Ignorantes. Salvaje es la pena de muerte que está vigente en los Estados Unidos. Prohibido olvidar. Y listo, así sepulta el cuestionamiento. Pero si el Presidente tuviera una gota de vergüenza, ya se habría desecho de esa comparación falaz. Porque resulta incoherente que muestre tanta preocupación por la muerte de criminales de alto calibre en otros países, mientras no detiene la pena de muerte para inocentes que a la fuerza rige en el Ecuador. Alguien que sólo haya escuchado su contorsión retórica en la que presenta a la pena capital como la práctica más asquerosa del mundo incivilizado, se imaginaría a un presidente implacable frente al fallecimiento de un inocente, un mandatario que, como mínimo, se apersonaría del asunto hasta dar con los responsables y con una solución definitiva. Pero la semana pasada murieron 14 personas en Papallacta y cuatro más cerca de Chone, y su reacción fue tímida: a las dos horas de la última sabatina, después de arengas y múltiples risas, mencionó el tema. Más allá de las palabras, su nivel de compromiso se evidencia en lo que ha hecho o, en realidad, ha dejado de hacer para evitar estos desastres. Porque los accidentes de autobús de la semana pasada no fueron una novedad. En agosto de 2010 murieron 38 personas en Cotopaxi y en diciembre del mismo año fallecieron 39 más en Manabí, para mencionar dos de los cientos de accidentes de tránsito con víctimas mortales durante la actual Administración. Si el Gobierno tuviera la voluntad de derrotar a esta amenaza que pende sobre la vida de cualquier ciudadano que se transporte por tierra, combatiría a los infractores con la vehemencia que mostró en bizantinos conflictos particulares. Si el Régimen diera prioridad a la defensa de la vida de los ecuatorianos, habría un control riguroso en las vías y una política férrea contra la impunidad y la corrupción. Pero, ¿alguien sabe qué clase de control permitió que la Cooperativa Amazonas opere un bus que no pasó la revisión técnica o qué tipo de magia se utilizó para levantar la suspensión de Reina del Camino después del accidente de diciembre de 2010 en Manabí? A este paso, puestos a elegir, muchos preferirían un país salvaje en el que exista la pena de muerte para los criminales más peligrosos a uno civilizado en el que mueran, en promedio, 13 inocentes al día en accidentes de tránsito porque el Estado no hace su trabajo. Aplicar un control deficiente y dejar asesinatos impunes son conductas que rayan en la complicidad.
