Es un hecho que el mapa de la guerra y la paz en Colombia ha sufrido grandes transformaciones en los últimos años producto de la Política de Seguridad Democrática de la administración de Alvaro Uribe (2002-2010). Dos procesos sobresalen en este escenario. Primero, el desmonte parcial del fenómeno paramilitar tras las negociaciones de estos grupos con el Gobierno Nacional; las conversaciones permitieron la desmovilización colectiva de 31.671 combatientes entre 2003 y 2006. Como parte de la desmovilización paramilitar y después de un importante debate en el Congreso colombiano, el gobierno adoptó mecanismos de justicia transicional para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación – en particular la Ley 975 de 2005, mejor conocida como Ley de Justicia y Paz.El segundo proceso corresponde a la erosión de la capacidad armada de los grupos guerrilleros producto de la continua presión ejercida por parte de las fuerzas militares y de la policía que han sido modernizadas y fortalecidas para el efecto. Como parte de este debilitamiento se ha generado un repliegue de las estructuras guerrilleras principalmente hacia zonas de frontera y un incremento progresivo de la deserción de sus miembros.
