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Sagot :
Corrupción política, en términos generales, es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado.Sayed y Bruce (1998) definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se define como el "conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común". Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción política. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio, y también los sobornos, las extorsiones, losfraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad, y el despotismo. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, y la prostitución ilegal; aunque no se restringe a estos crímenes organizados, y no siempre apoya o protege otros crímenes.El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Lo cierto es que algunas prácticas políticas pueden ser legales en un lugar e ilegales en otros. En algunos países, la policía y los fiscales deben mantener la discreción sobre a quien arrestan y acusan, y la línea entre discreción y corrupción puede ser difícil de dibujar. En países con fuertes intereses de grupos políticos, las prácticas de corrupción se dan con más facilidad.Siguiendo a Max Weber citado por Alvar Ezquerra, puede decirse que la gran diferencia entre el ejercicio del poder por el Antiguo Régimen y el mundo democrático, es que en el Antiguo régimen ese ejercicio era marcadamente patrimonialista. Sin embargo, en los regímenes democráticos, al recaer la soberanía en el pueblo, el ejercicio del poder tiene que responder ante la nación.1 Por otro lado resultan útiles las aseveraciones de Theobald, quien, además de definir la corrupción como "el uso ilegal del oficio público para el beneficio personal", intuye que en el mundo preindustrial las dependencias personales dieron paso -en el mundo industrial- a la codificación formal de las organizaciones sociales buscando la eficiencia. Sin embargo, los lazos familiares o de amistad aún perduran con más presencia conforme se desciende en la pirámide burocrática. Los países desarrollados también presentan corrupción, pero ésta tiende a frenarse cuando se dan aumentos extraordinarios en la cantidad y la calidad de los medios de producción, y también si se diera una economía internacional basada en un sistema estable de intercambio de valores, bienes y servicios.2La corrupción política es una realidad mundial; su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. Por esta misma razón existen entidades nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la misión de supervisar el nivel de corrupción administrativa internacional, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Transparencia Internacional. Además, la corrupción no es sólo responsabilidad del sector oficial, del Estado o del Gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado, en cuyo caso se puede hablar de corrupción empresarial o detráfico de influencias entre el sector privado y el público. En muchos países, como en los de Latinoamérica, dicho sector tiene una gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente en esos países tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.Una situación de corrupción política sin restricciones se conoce como cleptocracia, término que significa literalmente "gobierno por ladrones".
En Perú, la octava economía de más rápido crecimiento en el mundo, la corrupción es un serio problema.Proética –el capítulo nacional de Transparencia Internacional- presentó en julio los resultados de la VIII Encuesta de Percepciones de Corrupción con algunos datos contundentes: la corrupción es percibida como el segundo problema del país para los peruanos, por detrás de la delincuencia.Es, además, el principal problema al que se enfrenta el Estado y el que más frena su desarrollo. Según la misma encuesta, más de la mitad de peruanos cree que dentro de cinco años habrá más corrupción, y el 82% cree que el liderazgo del gobierno en la lucha contra la corrupción es poco o nada eficiente. Ni más ni menos.A todo lo anterior hay que sumar que la corrupción es regresiva y golpea más a los que menos tienen. Según estudios del Banco Mundial, hay evidencias de que los peruanos con menos recursos destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a pagar coimas para acceder a los servicios básicos que, por derecho, les corresponden (hasta un 14% frente al 1% de los ciudadanos con más recursos).También afecta al sector privado. La corrupción está presente en la relación entre el Estado y las grandes empresas, que pueden destinar hasta el 5% de su facturación a sobornos con el propósito de agilizar trámites u obtener contratos. El Informe Global de Competitividad cita, además, la corrupción como el segundo problema para hacer negocios en el Perú.Avances considerables. En los últimos años, Perú ha realizado considerables avances para desprenderse del legado de corrupción sistémica de etapas anteriores. Pese a ello, algunos de los principales indicadores de gobernabilidad no han experimentado mejoras sustanciales desde la década de los 90: el país tiene índices de estabilidad política y de efectividad normativa relativamente bajos en comparación con sus vecinos, así como una tasa moderada de participación política. También el ejercicio del derecho a la transparencia y acceso a la información enfrenta grandes desafíos, pese a la calidad técnica de su ley marco.Queda, por tanto, un margen importante para introducir mejoras en el ámbito de la eficacia institucional, el compromiso ciudadano y la transparencia efectiva.En este sentido, hay iniciativas interesantes que pueden acelerar la mejora del desempeño del país en aspectos de gobernabilidad. El gobierno de Perú, a través de instituciones como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), está poniendo en marcha iniciativas para prevenir y castigar la corrupción, así como facilitar los instrumentos para su denuncia. El Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción (2012 – 2016) contempla una serie de iniciativas, para los tres niveles de gobierno, con las que se pretende reducir vulnerabilidades a la corrupción dentro del sector público, y promover la transparencia.Adicionalmente, distintos esfuerzos de concertación con el sector privado y la sociedad civil (pactos de integridad, iniciativas de monitoreo social) pretenden aunar esfuerzos para lograr un mayor impacto en las estrategias –tradicionalmente aisladas- de lucha contra la corrupción.Desde 2010 el Banco Mundial respalda los esfuerzos del gobierno de Perú por consolidar y fortalecer sus sistemas de prevención de la corrupción, y participa en la elaboración de nuevas estrategias de transparencia.El futuro Observatorio de Riesgos de Corrupción es una de las actividades principales de este proyecto y medirá, trimestralmente, en qué medida las instituciones públicas son vulnerables a la corrupción teniendo en cuenta dimensiones como su nivel de transparencia o el manejo de sus procesos de adquisiciones. El Observatorio, cuyos hallazgos serán públicos, emitirá recomendaciones de política para mejorar, en cada institución, aquellas áreas grises en las que se pueden estar desarrollando prácticas corruptas.El Banco Mundial también financia estudios sobre percepciones de corrupción, y experiencias piloto de iniciativas de vigilancia ciudadana en comunidades campesinas de difícil acceso.Se trata de acompañar al Estado en un proceso de reflexión continuo sobre cómo prevenir y reducir sus índices de corrupción. Asimismo se busca contribuir a fortalecer las iniciativas de la sociedad civil para una mayor vigilancia y exigencia de transparencia.
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