Durante su administración, Isaías Medina Angarita impulsa
una política moderada de apertura democrática a la cual se enfrenta una
tendencia que pretende acelerar el proceso. Esas dos concepciones se endurecen
al aprobarse la reforma a la ley electoral, la cual no incluye la votación
universal, directa y secreta para la sucesión presidencial, tal como lo exige
la oposición. Rómulo Betancourt y Acción Democrática, presentan el alcance de
la reforma electoral como signo inequívoco de la escasa disposición del
gobierno a concretar las reformas democráticas.
Por otro lado, en las Fuerzas Armadas, una generación de
jóvenes oficiales ven sus aspiraciones de ascenso obstruidas por viejos
militares a quienes acusan de atrasados, corruptos y de no querer abandonar el
poder.
Los sectores civil y militar insatisfechos entran en
contacto. Un grupo de oficiales encabezado por Marcos Pérez Jiménez se reúne
con Raúl Leoni y Rómulo Betancourt. A ellos se unen, luego, Luis Beltrán Prieto
Figueroa y Gonzalo Barrios. La conspiración se pone en marcha.
Acción Democrática realiza un mitin en el Nuevo Circo de
Caracas, de manifiesto contenido insurreccional, el cual confirma las noticias
que tiene el gobierno sobre acciones conspirativas. Ante esto, el 17 de octubre
se decide acuartelar las tropas y son detenidos varios de los cabecillas
militares de la conspiración, entre quienes se encuentra Pérez Jiménez. Al día
siguiente estalla la insurrección en la Escuela Militar, seguida por los
cuarteles San Carlos, La Planta, Miraflores y la base aérea de Maracay. El
gobierno recupera el cuartel San Carlos, pero Medina no ordena atacar la
Escuela Militar por temor a que mueran los cadetes. La situación se complica
para el gobierno el día 19 cuando se pierde nuevamente el cuartel San Carlos,
esta vez en manos de la insurrección civil. El presidente decide entonces
rendirse. La tarde del 19, se constituye en Miraflores la Junta Revolucionaria
de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt e integrada por Gonzalo Barrios,
Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, el mayor Carlos Delgado Chalbaud, el
capitán Mario Ricardo Vargas y Edmundo Fernández, quien había servido de enlace
entre militares y civiles.
La Junta Revolucionaria de Gobierno fija desde el principio
sus dos líneas de acción: institucionalizar la democracia a través del voto
universal, directo y secreto, y sanear la administración pública
