El liberalismo económico defiende la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos (reduciendo los impuestos a su mínima expresión y eliminando cualquier regulación sobre comercio, producción, etc.), sin dejar de lado la protección a «débiles» (subsidios de desempleo, pensiones públicas, beneficencia pública) o «fuertes» (aranceles, subsidios a la producción, etc.). La impopularidad de reducir a veces la protección de los más desfavorecidos lleva a los liberales a alegar que resulta perjudicial también para ellos, porque entorpece el crecimiento, y reduce las oportunidades de ascenso y el estímulo a los emprendedores. Los críticos, por el contrario, consideran que el Estado puede intervenir precisamente fomentando estos ámbitos en el seno de los grupos más desfavorecidos. El liberalismo económico tiende a ser identificado con el capitalismo, aunque este no tiene por qué ser necesariamente liberal, ni el liberalismo tiene por qué llevar a un sistema capitalista. Por ello muchas críticas al capitalismo son trasladadas falazmente al liberalismo.
