Respuesta:
Proceso de Reorganización Nacional[a] (PRN)[1][2] o simplemente el «Proceso»[b] fue una dictadura cívico-militar que gobernó a la República Argentina entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la entrega incondicional del poder a un gobierno constitucional el 10 de diciembre de 1983. Adoptó la forma de un Estado burocrático-autoritario y se caracterizó por establecer un "plan sistemático" de terrorismo de Estado y desaparición de personas.[c][5] Se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 ejecutado por las Fuerzas Armadas y sectores civiles, principalmente del empresariado y la Iglesia Católica. El golpe derrocó a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, incluyendo a la presidenta María Estela Martínez, imponiendo en su lugar una Junta Militar integrada por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, que dictó varias normas de jerarquía supraconstitucional y nombró a un funcionario militar con la suma de los poderes ejecutivo y legislativo, de la Nación y las provincias, que recibió el título de "presidente", y cinco funcionarios civiles que ocuparon la Corte Suprema.
Los objetivos declarados del Proceso de Reorganización Nacional fueron combatir la "corrupción", la "demagogia" y la "subversión", y ubicar a la Argentina en el "mundo occidental y cristiano".[6] Estableció un nuevo modelo económico-social siguiendo los lineamientos ideológicos del llamado neoliberalismo,[7] recién surgido, impuesto mediante una política de violación sistemática de los derechos humanos, en línea con la Doctrina de la Seguridad Nacional elaborada por Estados Unidos, articulado continentalmente mediante el Plan Cóndor, dirigida contra un sector de la población acusada de ser "peronista", "populista", "zurda", "izquierdista" o "subversiva". La dictadura produjo miles de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, exilios forzosos, etc, que ha sido judicialmente calificado como genocidio.[8] Contó con el apoyo o la tolerancia de los principales medios de comunicación privados y grupos económicos, la Iglesia católica y la mayor parte de los países democráticos del mundo.
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