En América Latina y el Caribe el número de casos confirmados de COVID-19 ascendía a 450.000 y las muertes relacionadas sumaban más de 25.000 hasta el 15 de mayo de 2020. A falta de una cura o una vacuna, los países de la región han recurrido a las cuarentenas y al distanciamiento físico para reducir la tasa de infección y evitar que los sistemas nacionales de salud se vean colapsados.
Sin embargo, el reto de hacer frente a la pandemia en el ámbito de la salud pública va mucho más allá de estas medidas. Hay problemas crónicos y profundamente arraigados de enfermedad, pobreza y educación en la región que complican tanto la respuesta inmediata a la crisis como el eventual levantamiento de las restricciones. Estos problemas complican tanto la respuesta inmediata a la crisis como el eventual levantamiento de las restricciones.
Un estudio de más de 5.000 pacientes hospitalizados en el área de la ciudad de Nueva York muestra que las comorbilidades más comunes de COVID-19 son la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Una revision sistema ticade la literatura sugiere que estos factores de riesgo son más frecuentes en los pacientes gravemente afectados que en los no afectados.
Utilizando datos del Global Burden of Disease Study, un programa de investigación mundial, Andrew Clark, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, y sus colegas estiman que 137 millones de personas en América Latina y el Caribe, o el 21% de su población, tienen al menos un factor que los pone en mayor riesgo de padecer en forma grave la enfermedad COVID-19. La prevalencia de una o más afecciones era de aproximadamente el 48% para las personas de 50 años o más y del 74% para las de 70 años o más.
Esto complica enormemente el problema de salud pública. Según datos recientes de encuestas de salud representativas a nivel nacional en Argentina, Brasil, Ecuador, Guyana, México, Perú y Uruguay, la prevalencia de la obesidad, la hipertensión y el colesterol alto en personas mayores de 20 años es extraordinaria, superior al 30% en la mayoría de los países, y más del 40% en otros.
El tamaño de esta población de riesgo será un grave desafío para los gobiernos, cuando traten de atenuar las restricciones de cierre y, eventualmente, distribuir una vacuna cuando esté disponible.
Otro motivo de preocupación es que probablemente la COVID-19 implicará un mayor riesgo de salud para los más pobres que para el resto de la población. En primer lugar, la incidencia de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y la obesidad es generalmente mayor entre los pobres. Por ejemplo, en Argentina y Uruguay la prevalencia de algunos de esos factores de riesgo es entre 5 y 8 puntos porcentuales más alta en las personas con bajos niveles de educación (educación primaria completa o menos) que entre las más educadas. Además, es más probable que los pobres tengan comorbilidades (más de un factor de riesgo) que aumenten el riesgo de padecer complicaciones de la COVID-19.
En segundo lugar, gran parte de la población no sabe que padece un factor de riesgo. Por ejemplo, en Argentina, el 33% de los adultos que creen que su presión arterial es normal, en realidad tienen presión arterial alta. Las personas menos educadas también son menos propensas (en 6 puntos porcentuales en el caso de la hipertensión en Argentina) a ser conscientes de sus problemas de salud subyacentes. Esto tal vez se debe a que es más probable que trabajen en el sector informal y que tengan peor cobertura de seguro médico y menor acceso a los servicios de salud.
A medida que se pasa de las medidas de confinamiento universales a las específicas, es importante tener en cuenta que quienes desconocen su riesgo subyacente no pueden tomar las precauciones necesarias, lo que es especialmente significativo dado que las personas más pobres de la región a menudo tienen trabajos que no se pueden hacer desde sus casas. Además, son los que más apremio tienen en volver a trabajar dado que las políticas de confinamiento les causan una mayor restricción financiera.
En tercer lugar, la enfermedad podría propagarse más rápidamente dentro y entre los hogares más pobres que, debido a la precariedad de sus viviendas, pueden tener mayores problemas para cumplir con la cuarentena. Estos factores, a su vez, pueden aumentar la transmisión de la enfermedad en los barrios marginales, como ya parece ocurrir en toda la región.
Por último, existe el problema del manejo de las condiciones de salud subyacentes que afectan la gravedad de la COVID-19 durante la pandemia. La pandemia expone desproporcionadamente a los pobres a dificultades económicas y así puede obligar a algunos hogares a gastar sus limitados recursos en alimentos en lugar de en medicamentos.
En este entorno, los gobiernos deben considerar la posibilidad de proporcionar medicamentos gratuitos a los pobres con enfermedades crónicas subyacentes. También deben considerar la posibilidad de ampliar los servicios de atención primaria, así como el diagnóstico
