Respuesta:
La interseccionalidad cuestiona la tendencia a abordar las discriminaciones múltiples como si fueran compuestas por factores separables. Igualmente, etnia, religión, origen nacional, clase social, nivel educativo, discapacidad y orientación sexual diversifican la experiencia de la discriminación. No es posible aislar un solo factor explicativo.
Es la interacción de estas múltiples dimensiones de desventaja la que define la experiencia concreta de la discriminación. Por ejemplo, las mujeres migrantes en España se encuentran en una situación que les afecta de una manera única y desproporcionada en comparación con las mujeres españolas y los hombres migrantes. Su género y origen nacional define su posición de manera simultánea e inseparable.
Para dar respuestas eficaces desde las instituciones públicas es imprescindible tener en cuenta esas consideraciones.
Del derecho internacional a las políticas públicas locales
Las Naciones Unidas reconocen que la discriminación interseccional tiene un impacto especialmente negativo para las mujeres. Por ejemplo, destaca que la discriminación basada en el género, el color y la identidad aborigen aumenta el riesgo de violencia de género y agrava sus efectos. Por lo tanto, requiere un abordaje específico. Sin embargo, este enfoque está aún poco empleado en la legislación y las políticas públicas a escala nacional.
Por otro lado, las administraciones locales tienen una conciencia cada vez mayor de su papel crucial en la garantía de los derechos y la eliminación de la discriminación.
Se pueden encontrar iniciativas recientes en los ayuntamientos de Barcelona, Terrassa, Madrid y la Diputación de Bizkaia. En efecto, las administraciones locales son responsables de garantizar el derecho a la salud, la educación, la vivienda, la integridad física. En estos ámbitos los efectos de la discriminación interseccional son evidentes.
