Garantizar que las políticas e intervenciones incluyan explícitamente a las poblaciones excluidas y menos favorecidas, y tengan un foco central en la infancia, desde los primeros años de vida.
Priorizar enfoques comunitarios y basados en contextos sociales, en lugar de aquellos enfoques que plantean una visión de “arriba hacia abajo”.
Incorporar el enfoque de equidad en la programación y las políticas basadas en evidencia.
Impulsar la participación de las poblaciones más vulnerables, en particular de niños, niñas y jóvenes, no sólo como beneficiarios sino también como agentes de cambio social.
Invertir en estrategias inclusivas de protección social, como un componente clave de la política pública.
Priorizar en políticas y programas de reducción de la pobreza y, al mismo tiempo, involucrar estructuras macroeconómicas a través de la tributación progresiva, y profundizando las medidas contra la corrupción, las transferencias financieras ilícitas y la evasión fiscal.
Establecer respuestas y políticas integrales para toda la vida y a partir de enfoques intersectoriales que aborden privaciones multidimensionales y superpuestas.
Desarrollar metas medibles para monitorear el progreso en la reducción de las brechas de desigualdad social y económica.
Promover e incorporar un enfoque de equidad en los marcos institucionales, organizativos y políticos, más allá de lo desarrollado en temas de género en las últimas décadas.
Desarrollar una terminología coherente de los componentes clave del concepto de equidad.
