Respuesta:De acuerdo con cifras del INEGI, en México, de cada diez personas en posibilidad de trabajar, seis lo hacen en la informalidad, o sea, sin prestaciones de ley, sin seguridad social, incluida la vivienda.
La seguridad social es un derecho constitucional de los trabajadores mexicanos, no es un obsequio del patrón, ni es optativo otorgarla.
Lamentablemente en la práctica es muy común observar que hay evasión de esta obligación constitucional, a la vez que hay desinterés de la gente por tenerla, asumiendo que es algo inútil.
La falta de seguridad social a quien más perjudica es a quien carece de ella. Si nos enfocamos en el caso de los trabajadores del sector privado, quienes deben estar asegurados en el IMSS, la falta de seguridad social implica que la persona dejará de tener acceso a los seguros de: 1) riesgos de trabajo, 2) enfermedades y maternidad, 3) invalidez y vida, 4) retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 5) guarderías y prestaciones sociales.
Es decir, si la persona sufre un accidente o enfermedad por su trabajo, al no estar inscrita en el IMSS, no tendrá acceso a la atención médica y hospitalaria gratuita que otorga ese Instituto, no tendrá garantizado el pago de su salario mientras se encuentre incapacitada, ni podrá gozar del pago de una pensión por la incapacidad que le pueda provocar el accidente o enfermedad de trabajo y tampoco tendrá derecho a una ayuda de funeral en caso de fallecimiento por ese motivo. Esos costos deberá asumirlos la persona o en el mejor de los casos estará a la buena voluntad del patrón incumplido.
Otro ejemplo, las pensiones por vejez. La falta de aseguramiento en el IMSS provocará que la persona no tenga acceso a una pensión para cubrir sus gastos (o parte de éstos) durante su vejez; estará condenado a la buena voluntad de sus familiares o conocidos, a trabajar muy mal remunerado hasta morir, a la caridad, o bien, a los dádivas gubernamentales a las que pueda acceder.
Lo mismo en el caso del INFONAVIT, la falta de reconocimiento de una relación formal de trabajo, impide a los trabajadores acceder a créditos baratos para obtener vivienda.
Explicación:
